30 Nov 2020

Noticias

noticias nacionales

Defensoría alerta sobre presencia de grupos armados en el Cesar

Defensoría alerta sobre presencia de grupos armados en el Cesar

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, de inminencia, para proteger a la población campesina de los municipios de Chimichagua y Curumaní (Cesar), ubicadas en el entorno limítrofe entre la Serranía del Perijá y el Catatumbo (Norte de Santander).

Según la entidad, los lugareños de esta zona han venido denunciando tránsito y cruce de pequeños grupos de hombres, que visten uniformes tipo militar de color negro, cubren sus cabezas con boinas, exhiben armamento de largo alcance y llevan brazaletes alusivos al Epl, conocido como “Los Pelusos”.

“Al parecer, les han hecho saber que han retornado con la intención de recuperar estos territorios que son estratégico para ellos, para tomar revancha de lo sucedido entre marzo y abril de 2018, cuando esta organización fue confrontada militarmente por el Frente Camilo Torres Restrepo del Eln, que los derrotó y desterró de estas zonas”, asegura la entidad.

En este mismo contexto, se conoció que el Epl les ha dado un plazo de ocho días a estas comunidades, para que sea retirado el puesto de control que la guardia campesina estableció, por mandato de las Juntas de Acción Comunal, entre las veredas de El Tigre (Chimichagua) y el Edén, jurisdicción de El Carmen (Norte de Santander), como mecanismo comunitario de contención del covid-19.

El grupo armado, exigió, además, regularizar la prestación del servicio de transporte desde y hacia la cabecera municipal de Curumaní y las estaciones de El Tigre y Santa Lucía, jurisdicción de Chimichagua.

“Esta exigencia da a entender que el Epl asume que detrás de estos controles y restricciones a la circulación se encontraría el Eln, lo cual pone en especial riesgo a la población civil y los líderes y miembros de las JAC”, sostiene la defensoría.

En la zona, existe una disputa territorial entre el Epl y el Eln que aún no termina, en una primera etapa de confrontaciones armadas abiertas, las principales víctimas fueron los mismos combatientes de los bandos enfrentados. “Seguidamente se pasó a una etapa en que tuvieron lugar varios hechos victimizantes contra la población civil, tales como desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas”, recalca.

Una etapa en la que, a través de dispositivos sicariales, se materializaron homicidios selectivos en los que las víctimas fueron lugareños civiles señalados de ser colaboradores del bando rival.

“Esto ocurrió en algunos municipios de la región a lo largo del año 2018 con una serie de homicidios que se presentaron en Curumaní, Pailitas y Pelaya”, sostiene.

En razón a ello, existe preocupación entre los campesinos, quienes tienen temor, ya sea de quedar en medio del fuego cruzado de eventuales confrontaciones o de ser objeto de represalias y retaliaciones por parte de uno u otro de los bandos enemigos. “Incluso, en el marco de una matriz de estigmatización en la que históricamente han sido inscritos, la militarización del territorio bien podría derivar en abusos y excesos de la fuerza pública, tal y como recientemente se han presentado”, subraya la defensoría.

Frente a los factores de riesgo, la defensoría recomendó adoptar medidas urgentes de prevención y protección para los habitantes de los municipios de Chimichagua y Curumaní, Cesar.

En igual sentido, solicitó fortalecer estrategias de seguridad conducentes a neutralizar el accionar y capacidad de daño de los grupos armados ilegales en las áreas focalizadas, reforzando la presencia del Ejército Nacional, a través de acciones de registro, control e incluyendo componentes de inteligencia.

A la Gobernación del Cesar y a las alcaldías municipales de Chimichagua y Curumaní les solicitó convocar con carácter urgente los correspondientes subcomités de prevención, protección y garantías de “No Repetición”, para poner en vigor medidas interinstitucionales que prevengan las violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos armados ilegales en las veredas identificadas en situación de riesgo.

El propósito de las autoridades es que se establezcan estrategias efectivas y de corresponsabilidad que protejan y garanticen el derecho a la vida y a la integridad personal de la población focalizada en esta alerta temprana de inminencia.

Tomado de El Tiempo

También te puede interesar